La actualidad farmacéutica viene marcada desde hace unos meses por la posibilidad de implantar un catálogo de servicios que los profesionales de la farmacia ofrecerán en sus establecimientos a los usuarios que así lo demanden, previo pago de los mismos. De esta manera, varios agentes ven en este catálogo una herramienta para seguir potenciando el papel de los farmacéuticos como «agentes de salud», a la par que se abriría una nueva fuente de ingresos para el sector tras la progresiva reducción del margen de beneficio que estos profesionales obtienen por la venta de medicamentos.
Entre estos agentes se encuentra el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF), cuyo presidente, Antonio Mingorance, anunció en una noticia que la entidad colegial está trabajando ya en la elaboración de un catálogo de servicios que presentarán a la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, a partir de otoño. Así, Mingorance no adelantó que tipo de servicios podrían formar parte de ese catálogo, aunque sugirió que se incluirán los que sean “verdaderamente de utilidad para los usuarios y asequibles en lo económico”, como pueden ser los SPD.
«Estamos trabajando en estos servicios retribuidos previo pago del usuario, pero siempre desde la colaboración y el aval de la Consejería», apunta en una noticia Mingorance, quien confía en alcanzar un acuerdo parecido al logrado recientemente por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM) con la Consejería de Sanidad de esa comunidad para el desarrollo e implantación de un catálogo de servicios farmacéuticos retribuidos por el usuario.
Para que sirva como ejemplo, los servicios recogidos en el nuevo catálogo de las oficinas de farmacia madrileñas son el control del asma, la formación en primeros auxilios básicos y en primeros auxilios en bebés y niños, la detección del consumo abusivo del alcohol, el sistema personalizado de dosificación (SPD), o la detección precoz de diabetes y de la hiperuricemia (ácido úrico elevado), entre otros.
En este sentido, Mingorance se defiende argumentando que las oficinas de farmacia ofrecen otros servicios de manera gratuita, tales como el del control de la tensión arterial, de la diabetes o de atención farmacéutica “que no se están cobrando”.
Al CACOF y al COFM se une también la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC), que también ha apostado por la elaboración de un catálogo que recoja los servicios profesionales que pueden ofrecer los farmacéuticos desde la oficina de farmacia, además de la dispensación de medicamentos, para que estos sean «convenientemente retribuidos».
Parece que, a todas luces, el catálogo de servicios previo pago en las farmacias podría ser una realidad en 2014, pero hasta entonces quedan muchas preguntas por responder y muchas dudas que aclarar. La coordinadora de la Comisión de Servicios Profesionales de SEFAC, Sonia Sáenz de Buruaga, explicó que todos los servicios que se incluyan en los catálogos previo pago deben estar «claramente definidos, caracterizados y actualizados», y han de ser prestados por farmacéuticos capacitados mediante una certificación externa que garantice la correcta disponibilidad calidad de los mismos.
Y, ¿quién pagará estos servicios?
En vista de que el catálogo de servicios previo pago se puede llegar a generalizar en unos meses, la principal cuestión de debate es la financiación de los servicios que se incluyan en estos catálogos, y no cabe duda que las opciones se reducen a tres: administración, pacientes o sistema mixto (administración y pacientes, conocido como el copago).
A juicio de Sáenz de Buruaga, la retribución debería ser «acorde con los objetivos, procedimientos, recursos y resultados» que ofrezca cada servicio y, en caso de ser considerado como esencial por la Administración, la aportación económica debería ser «la misma en todo el territorio nacional».
Mingorance, por su parte, no se pronunció, pero sí declaró que este sistema” será una fuente de ingresos adicionales para el farmacéutico, pero también que todo lo que sea mejorar en prevención genera siempre a largo plazo una reducción de costes al sistema sanitario público, por cuanto se produce una menor frecuentación a los servicios asistenciales».